Las Potestades Sancionatorias de la Administración Pública en la Actividad Aseguradora

Abstract

El objetivo general de la investigación es el análisis de la regulación de la actividad aseguradora en Venezuela, fundamentalmente el alcance de las potestades sancionatorias. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el alcance de las potestades administrativas de la autoridad de vértice (i.e. la Superintendencia de la Actividad Aseguradora -SUDEASEG-); b) Precisar las potestades de la SUDEASEG; c) Identificar si la SUDEASEG tiene un plazo para que una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador dicte el acto decisorio, o por el contrario, puede mantener en forma indefinida al particular en una situación de incertidumbre en cuanto a la calificación de la conducta cuestionada. Las siguientes interrogantes fueron planteadas en la investigación: 1.¿Cuál es la naturaleza jurídica de la actividad aseguradora?, 2.¿ Es necesaria la intervención del Estado en ese sector de la economía?, 3. ¿Cuáles son las potestades administrativas atribuidas a la SUDEASEG?, 4.¿ Cuál es el contenido de la potestad sancionatoria y sus límites?, 5.¿ Dispone la SUDEASEG de un procedimiento especial para sancionar las infracciones que se comentan a la Ley de la Actividad Aseguradora?, 6.¿Debe la SUDEASEG pronunciarse y resolver en un plazo?. La metodología empleada fue de tipo documental descriptivo. Una vez realizado el estudio, arribamos a las siguientes conclusiones: a) La actividad aseguradora es de naturaleza privada y mercantil, a la luz del principio y garantía constitucional del derecho a la libertad económica y la propiedad, b) Es necesaria la intervención y regulación del Estado en el sector asegurador, c) Se definió las potestades administrativas atribuidas a la SUDEASEG, d) Se determinó el procedimiento administrativo utilizado por la SUDEASEG, e) Se evidenció que la falta de pronunciamiento de la Administración generaría una situación de paralización e incertidumbre a los particulares interesados si no existiese un plazo máximo para resolver, ni se previesen consecuencias algunas para el incumplimiento de la obligación legal de resolver, y f) Se justificó la importancia de abrir un nuevo cauce para reaccionar frente a la inejecución de la obligación de resolver la Administración, mediante la incorporación de instituciones más eficaces para la resoluciones de los procedimientos administrativos sancionatorios, como la caducidad.