Globalización del control penal y terrorismo

Autores/as

  • Elsie Rosales Universidad Central de Venezuela

Palabras clave:

Control penal, Derecho penal del enemigo, Globalización, Terrorismo, Sistema penal, Enforcement of criminal law, Enemy-based criminal law, Globalization, Terrorism, Criminal law system.

Resumen

Resumen

Se plantea la hipótesis de la globalización delcontrol penal, caracterizada por la expansión delcontrol penal que aprovecha la globalización para trascender sobre áreas determinadas por intereses de Estados centrales con influencia decisiva en la política penal internacional, lo cual posteriormente se traslada internamente e influye en los sistemas penales y políticas de seguridad locales.

Las áreas donde este fenómeno ha sido observado son el control antidrogas, el terrorismo y la delincuencia organizada, dirigidos hacia un derecho penal especial, de emergencia o excepción que terminaría aglutinando la mayor parte del ejercicio del sistema penal. Dentro de este contexto, el terrorismo ofrece un valioso escenario de análisis.

Tal control penal está caracterizado por el abandono del derecho penal de garantías postulado constitucionalmente y su progresiva sustitución –apoyada por tesis jurídicas y securitarias– por uno antigarantista, máximo, del enemigo y antidemocrático. 

La propuesta se orienta a fortalecer los mecanismos jurídico-penales garantistas que reorienten estatendencia.

Globalization of criminal law enforcementand terrorism

Abstract

The hypothesis of the globalization of criminal enforcement is characterized by the expansion of crime control using globalization to transcend over specific areas determined by the interests of central states with decisive influence of international criminal policies, which is subsequently transferred internally and influences local criminal enforcement systems and security policies.The areas in which this phenomenon has been evidenced are the war on drugs, terrorism andorganized crime under special criminal law for emergencies or exceptions and ultimately encompassing most of the criminal enforcement system. Within that context, terrorism offers a valuable scenario for analysis. This control is marked by a shift from criminal laws based on constitutional guarantees to a progressive substitution, grounded on legal and securitarian theses, by a system that disregards guarantees, is totalitarian, focuses on the enemy and results antidemocratic. 

This proposal is aimed at strengthening the legal mechanisms for the enforcement of criminal law to reorient that trend. 

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Biografía del autor/a

Elsie Rosales, Universidad Central de Venezuela

Doctora en Derecho con mención honorífica (UCV, 1997). PPI II e investigadora en Ciencias Penales en el Instituto de Ciencias Penales. Todos sus ascensos han sido galardonados con menciones honoríficas. Es profesora de Ciencias Penales en la Escuela de Derecho, en la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas y en los doctorados en Derecho y en Política, en los cuales, a la vez, forma parte de los comités académicos del Doctorado en Derecho, y de las especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas y en la de Derecho Constitucional. Dirige Sistemas Penales, que es una plataforma científica sobre 1) Estado constitucional y ley penal; 2) Seguridad, policía y globalización del control (drogas, delincuencia organizada y terrorismo); 3) Acceso a la justicia. Ha publicado ocho libros, varios capítulos de libros y alrededor de 40 estudios arbitrados en revistas científicas. Ha sido invitada a dictar conferencias y seminarios internacionales, así como a nivel posdoctoral ha participado como profesora invitada en la Universitat Autonoma de Barcelona (Catalunya) en dos años académicos (1999 y 2003). También ha dictado múltiples conferencias y cursos en Venezuela. Forma parte del grupo latinoamericano criminológico de pensamiento crítico y coopera con otras organizaciones internacionales dedicadas a proponer políticas alternativas y progresistas en áreas críticas del control penal. Entre 2006 y 2007 se desempeñó como Comisionada para la Reforma Policial, que concluyó con la consignación al país de un nuevo modelo policial. En 2006 fue designada por la Asamblea Nacional Magistrada Suplente de la Sala Constitucional.

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