INTRODUCCIÓN

Una de las expresiones cotidianas de la distorsión socioeconómica venezolana, la representa el proceso de inflación e hiperinflación general y en alimentos observada durante los últimos diez años. Este aumento del costo de la vida, erosiona y afecta la estabilidad de los hogares al no percibir y mantener un ingreso suficiente y sostenible, que permita satisfacer adecuadamente sus necesidades materiales, sociales, psicoemocionales, de autorrealización u otras de diversa naturaleza⁽¹⁾. La caída del ingreso real disponible, y la contracción del poder real de compra por parte de los hogares, no solamente afecta sus capacidades económicas, sino que también incide y modifica el comportamiento, hábitos y estilos de vida de los miembros que los integran, los cuales tendrán repercusiones negativas sobre la salud integral a corto y largo plazo (salud física y mental), tanto a nivel individual como a nivel agregado nacional. Contar con información actualizada en un contexto de crisis, resulta de la mayor importancia estratégica para quienes toman decisiones, y para el bienestar de la población más vulnerable.

Desde el punto de vista formal, la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), es un indicador estadístico, que tiene por objeto medir el costo mensual de un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos nutricionales, tomando en cuenta los hábitos de consumo de la población venezolana, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible^(2). No obstante, más allá de poseer una naturaleza estadística, este debe ser asumido como un instrumento de planificación, dada su amplia capacidad heurística que impacta no solamente el ámbito económico, a través del establecimiento del salario mínimo y la definición del umbral de la pobreza relativa (Línea de Pobreza), sino que también puede ofrecer valiosos insumos para el diseño, implementación y evaluación de múltiples políticas públicas en las esferas sanitarias, de producción de alimentos, intervención nutricional, asignación de subsidios, educación, investigación y otras acciones de corte social, tanto en el ámbito público como privado nacional y multilateral de las agencias de Naciones Unidas⁽³⁾.

La disponibilidad de una CAN estandarizada, consensuada y con acceso abierto a sus productos y resultados, es de vital importancia para los diversos actores de la vida nacional (ciudadanos, academia, sector industrial, investigadores, actores políticos, diseñadores e implementadores de políticas públicas, ONGs, agencias de Naciones Unidas, entre otros), ya que de ella se derivan decisiones y acciones que impactan la salud y la seguridad alimentaria – nutricional de la población, así como también mejora la identificación de grupos poblacionales vulnerables que ameritan atención y cuidados, tributando directamente al monitoreo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, vinculados a la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, la mejora en la nutrición en todas las etapas del ciclo vital, y la optimización de los productos asociados al bienestar integral y la salud pública de todos los ciudadanos⁽⁴⁾.

La actualización de la estructuración interna de la CAN (alimentos presentes, cantidad por rubro y número de miembros por hogar), constituye un proceso complejo, dinámico y laborioso, que requiere, además de tiempo y recursos financieros suficientes, de un equipo técnico consolidado, con experticia en la materia y con habilidades para concertar e integrar a estas actividades al mayor número posible de actores nacionales, a fin de lograr la máxima unificación y consenso metodológico, así como la máxima utilización del instrumento y sus resultados. Adicionalmente, estos procesos requieren de la disponibilidad de evidencia científica actualizada que den cuenta de los cambios y transformaciones demográficas, económicas, sociales y alimentarias de la población venezolana, aunado a la preponderancia de la voluntad política institucional, necesaria para facilitar y aprobar estos procesos y su eventual adopción (Figura 1).

En Venezuela, a pesar de la amplia trayectoria operativa de la CAN, el reconocimiento público de sus métodos y resultados, y el estar contemplada como instrumento normativo de referencia al más más alto nivel del marco legislativo nacional (Artículo 91 de la Constitución Nacional), este instrumento no deja de ser polémico y muy controversial dadas sus implicaciones en la dinámica cotidiana del sistema político venezolano, al definir directamente la proporción de población en pobreza. Los retrasos en la actualización de su estructura interna (versión vigente CAN desde 1997), la interrupción de la publicación oficial de sus productos editoriales (última edición en 2014) y la promulgación unilateral de aumentos de salario mínimo vía decreto presidencial, han erosionado la credibilidad técnica de la CAN oficial y propiciado el surgimiento de versiones alternas no oficiales (con objetivos, estructura, métodos y resultados heterogéneos y no estandarizados), que buscan suplir el espacio vacante, y ofrecer insumos estadísticos referenciales de la compleja realidad nacional, a los actores que lo requieren para ejercer sus labores cotidianas.

El objetivo de esta investigación es describir la evolución histórica de la CAN en Venezuela, haciendo énfasis en su desempeño en términos de su valoración económica respecto al salario mínimo durante el período 1990 – 2023, e identificar las potenciales implicaciones que tienen estos resultados para la salud pública, en el contexto de la crisis nacional actual.

Surgimiento, evolución y transformación de la CAN en Venezuela

La canasta alimentaria es un instrumento de política social, considerada internacionalmente como un indicador de acceso económico a una dieta estándar. Constituye una herramienta técnica de utilidad práctica que mide, de manera directa, la satisfacción de las necesidades mínimas de energía y nutrientes necesarios para la subsistencia y el mantenimiento de un óptimo estado de salud, determinados por el nivel de ingreso de los hogares; y de manera indirecta, los niveles de pobreza y desigualdad social.^{(2 - 3)}

La pobreza como fenómeno colectivo siempre ha estado presente en la sociedad, su abordaje y comprensión han girado en torno al estudio de la influencia de la revolución industrial sobre las condiciones de vida de los trabajadores, y la fijación de los ingresos mínimos. Fue en Europa en donde se realizaron las primeras investigaciones sobre la pobreza. En España en el siglo XV, Juan Luis Vives publicó en 1526 “De subventione pauperum” (El tratado de socorro de los pobres), considerado como uno de los primeros tratados de asistencia social europea. Para el siglo XVIII, José del Campillo publicó “Lo que hay de más y de menos en España, para que sea lo debe ser y lo que no es”. En esta obra explica y describe el fenómeno del paupérrimo, con base a la estructura socioeconómica del país, dichos planteamientos sirvieron de base para la actual organización del sistema de asistencia español. En Francia y Alemania en el siglo XVIII se realizaron trabajos similares⁽⁵⁾. En Inglaterra, en 1886, Charles Booth publicó el primer informe de la investigación de la pobreza en Londres: Life and Labour of people in London – reconocida como una de las investigaciones más importantes sobre la pobreza humana. Fue uno de los primeros en demostrar estadísticamente, que el 30% de la población asalariada para el momento, vivía en condición de subsistencia o de privación severa, y la revolución industrial provocó una muy importante división entre los estándares de vida de las clases más altas y las clases más bajas.

A comienzos del siglo XX, Seebohm Rowtree, publicó “Poverty a study of Town Life”, donde describió la magnitud y los niveles de pobreza en la ciudad de York. A través del estudio de las viviendas, definió unas líneas de pobreza que denominó “primarias y secundarias”. Este autor estudió la cantidad exacta de proteínas y calorías necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano con el fin estructurar el problema de la pobreza de los obreros en la citada ciudad, y creó, en 1902, la primera canasta alimentaria. Sin embargo, su conjunto de productos se limitaba a necesidades físicas, por lo que sólo se incluían alimentos. A partir de las investigaciones empíricas del autor, se comenzó a tener en cuenta el concepto de subsistencia, por la necesidad de establecer una metodología de medición de la pobreza, de la cual derivará el método de la “línea de pobreza” (LP); definida como el mínimo ingreso que una familia debe poseer para comprar una cantidad de bienes y servicios básicos, lo que se denominará posteriormente Canasta Básica Total⁽⁴⁾.

Según Arroyo, la historiografía de precios y estándares de vida en Latinoamérica, después del período independentista, se encuentra rezagada respecto a la vasta cantidad de estudios en Europa y Estados Unidos⁽⁷⁾. La experiencia en América Latina y el Caribe, ha sido progresiva desde comienzos del siglo XX, prevaleciendo la adaptación de la metodología a las características y requerimientos de cada país. Se destaca el rol del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) en la región, desarrollando y consolidando una metodología propia para la creación de la canasta básica alimentaria, aplicada en todos los países del istmo centroamericano y con gran influencia técnica en el resto de países. A continuación, se identifican las fechas de adopción de la CAN en varios países de la región: Chile (1928); Brasil (1930); Colombia (1954); México (1979); Panamá (1980); Costa Rica (1982); El Salvador (1991).

En Venezuela, el interés por comprender científicamente el costo de vida, la dinámica de la alimentación de la población y el impacto que tenía el componente económico sobre los resultados nutricionales, surge a principios del siglo XX, esencialmente con la creación de instituciones vinculadas a la salud (Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el Instituto Nacional de Nutrición), al trabajo (Ministerio de Fomento) y a la economía (Banco Central de Venezuela). Entre las primeras exploraciones científicas reseñadas se destacan las realizadas por Vandellos “Investigación del costo de vida en Caracas” (1939) y las encuestas familiares de Bengoa, Vélez – Boza y González (Costos de la alimentación y de nutrientes específicos en las clases trabajadoras, 1938 – 1960)^(8-9).

A partir de estas investigaciones se derivan en nuestro país, dos grandes corrientes de pensamiento y acción en cuanto al monitoreo de las condiciones de vida, el costo de vida y el costo de la alimentación: a) una vertiente economicista liderada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), expresada a través de sus operaciones estadísticas insignias “Índice de Precios al Consumidor” (IPC), Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENPF) y la Encuesta de Hogares por Muestreo; y b) una vertiente socio – nutricional, liderada por el Instituto Nacional de Nutrición (INN) y FUNDACREDESA, expresada en el monitoreo de precios y el establecimiento de canastas específicas, mediante las plataformas operativas del Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional (SISVAN) y los estudios sobre crecimiento y desarrollo (Proyecto Venezuela y los Estudios de Condiciones de Vida) respectivamente. Las diferencias metodológicas y operativas de las diferentes versiones de canastas existentes hasta 1997 (diferencias en objetivos, estructura interna, cantidades, cobertura y gestión de recolección de precios) generaban diferencias y controversias en sus resultados y potencial praxiológico por parte de los usuarios y tomadores de decisión, hecho ampliamente documentado en la bibliografía nacional^(10-11).

Una vez establecida la “Comisión Tripartita Nacional” (CTN) entre 1996 y 1997, y por la necesidad de contar con un instrumento único y robusto que permitiera definir y ajustar el monto del salario mínimo, acorde a las condiciones socio-económicas de la época, se conformó un equipo técnico interinstitucional con el propósito de construir una canasta de alimentos de carácter oficial, con lineamientos técnicos y metodológicos estandarizados y consensuados, haciendo uso de la experiencia nacional acumulada y las fuentes de información – apoyo disponibles⁽¹²⁾. Los principales resultados de esta iniciativa se reflejaron en el plano legislativo (Inclusión del rol de la CAN para la definición del salario mínimo en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras); en el plano institucional (Creación del Comités y Sub-Comités de Estadísticas como espacios de confluencia y consenso) y en el plano operacional (Actualización de la Estructura Alimentaria y Económica de la CAN, versión 1997).

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, posterior a estos eventos, se ha continuado la revisión técnica y ajustes de la CAN a lo interno de los Comités y Sub-Comités, adaptando su estructura interna, sus procesos de valoración económica y ampliando su cobertura geográfica de recolección de precios (Versiones CAN 2003; CAN 2009; CAN 2011 y CAN 2015), partiendo de la existencia de evidencia estadística actualizada en: a) aspectos demográficos (Censo Nacional de Población y Vivienda 2011), b) gastos y presupuestos en el hogar (Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares – ENPF; 2008), c) hábitos y consumo de alimentos (Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos en el Hogar – ESCA; 2003 – 2017 y Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos a nivel individual – ENCA; 2012 – 2017); d) cambios estructurales en la disponibilidad nacional de alimentos (Hoja de Balance de Alimentos – HBA; 1949 – 2022) y e) Escenarios Hiperinflacionarios (Índice Nacional de Precios al Consumidor – INPC; 2008 – 2023). A pesar de los esfuerzos nacionales de actualización, la adopción oficial de las versiones más recientes de la CAN no se ha implementado a la fecha, manteniendo vigente la versión elaborada en 1997 (Figura 2).

La CAN en Venezuela ha estado impregnado de cualidades cooperativas y de consenso, constituyéndose en un espacio-producto del trabajo interinstitucional, siendo los “Comités de Consumo y Sub-Comités de Canasta de Alimentos”, las principales expresiones de este espíritu colaborativo y de concertación. En estos espacios confluían los principales actores nacionales con rectoría, competencia y experticia en la materia, entre los cuales se mencionan: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Instituto Nacional de Nutrición (INN), Banco Central de Venezuela (BCV), FUNDACREDESA, Ministerio del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras (MINPPAPT), Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL), Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Escuela de Nutrición y Dietética UCV, Fundación Bengoa, entre otros. Su carácter de convocatoria periódica, la documentación y sistematización de avances - acuerdos, así como la prosecución de los actores a lo largo del tiempo, representaron buenas prácticas que constituyeron estos espacios en una unidad de “Memoria Institucional País” en materia de CAN.

Desempeño de la CAN en términos de su estimación económica

La valoración económica de la canasta, consiste en estimar el valor en bolívares o en divisas, del conjunto de alimentos que comprende la CAN, y describir su comportamiento durante los períodos temporales de referencia (meses, años, quinquenios) y los dominios geográficos establecidos.

Para los fines de esta investigación, se tomaron los insumos estadísticos (valor mensual y anual) de la CAN del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en su versión CAN 1997, para el período 1990 – 2014, mientras que para el lapso 2015 -2023 se emplearon los datos de la CAN del Instituto Nacional de Nutrición (INN), con la misma estructura y metodología de estimación económica. Así mismo, para efectos de comparación, se tomaron los reportes del valor mensual de la canasta del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS – FVM), durante el período 2002 - 2023. Para homogeneizar la comparación de la serie analizada y evitar las distorsiones relacionadas con las reconversiones monetarias, se transformó el valor mensual en Bolívares, a Dólares (US $), de acuerdo a la tasa de cambio oficial reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Las variables “Salario Mínimo” (SM) e Ingreso Mínimo Legal (SM + Asignación por Alimentación) fueron tomados del INE y verificados en Gaceta Oficial, por meses y años correspondientes, con su conversión en divisas. La delimitación de la investigación no incluyó evaluación de la estructura interna de la CAN, ni sus expresiones en términos de aporte de energía y nutrientes.

La evaluación del período seleccionado arrojó un valor promedio global de 152,8 US$/mes, con un valor mínimo quinquenal de 41,7 US$ (reportado en los años 2010 – 2015) y un valor máximo quinquenal de 401,3 US$ durante el período 2020 – 2023. El comportamiento quinquenal mostró una tendencia creciente desde 1990 hasta 2005, decreciendo su valor hasta el año 2015 y retomando el aumento hasta duplicar su valor durante el lapso 2020 – 2023. Por otra parte, el valor promedio del salario mínimo durante la serie analizada fue de 94,6 US$/mes, mientras que el ingreso mínimo legal se estimó en 144,6 US$/mes. Para cubrir adecuadamente el valor de la CAN, cada venezolano requirió poseer 12,2 salarios mínimos y 8,0 ingresos mínimos legales (Tabla 1).

Desde 1990 hasta el año 2015, el comportamiento de SM e IML requeridos para acceder a la CAN fueron muy homogéneos y estables, oscilando entre 1,0 y 1,8 SM y entre 0,6 y 1,7 IML, traduciendo estos hallazgos en que cada hogar venezolano debió procurar durante este período, la existencia y estabilidad de dos ingresos mensuales para acceder a la CAN. Sin embargo, el panorama observado desde el año 2016 reflejó una severa distorsión en dicho indicador, donde no solo se apreció un incremento sostenido del valor promedio de la CAN, sino que el poder de compra del SM y del IML se depreciaron considerablemente, llegando a requerir hasta 78,3 SM y 51,6 IML para lograr acceder a la CAN y procurar una alimentación adecuada a fin de mantener un óptimo estado de salud. Situación inédita en el análisis de los 33 años analizados (Tabla 1).

En la descripción por períodos de gobierno, el menor valor promedio de la CAN se observó durante el lapso 1990 – 1998 (137,2 US$/mes). La mejor accesibilidad en términos de SM e IML requeridos se identificó durante el período 1999 – 2012 (1,1 SM y 0,6 IML respectivamente), expresado en un mayor poder de compra por parte de los hogares durante estos años (Mayor SM e IML de la serie: 155,7 US$ y 270,9 US$). Las mayores dificultades para la accesibilidad económica a la CAN se observaron durante el período 2013 – 2023, con mayor énfasis en el lapso 2020 – 2023 (Tabla 1).

Al observar la dinámica de la valoración económica por año específico, se lograron identificar tres momentos con comportamientos diferenciados. El primero durante el período 1990 – 1998, donde el valor de la CAN se mantuvo constantemente por arriba del monto asociado al SM e IML de los hogares, siendo el año 1996 el de menor accesibilidad por parte de los hogares venezolanos. El segundo momento se identificó durante el ciclo 1999 – 2012, donde el SM estuvo muy alineado al valor de la CAN y la estrategia de compensación del salario vía ticket de alimentación resultó muy positiva en términos de acceso efectivo a la CAN. El tercer momento (años 2013 – 2023) mostró una tendencia creciente y sostenida del valor de la CAN, donde exceptuando los años iniciales (2013 y 2014), tanto el SM como el IML no lograron permitir acceder efectivamente a la CAN, en cada año analizado de esta etapa. Por primera vez en 33 años, la CAN oficial superó el umbral de los 400 US$/mes (Figura 3).

Aunque metodológicamente y operativamente la CAN oficial del INE/INN y la del CENDAS-FVM, son disimiles y presentan objetivos diferentes, ambas reflejan un comportamiento paralelo muy homogéneo a lo largo de la serie examinada. En todos los años analizados, el valor promedio de la canasta del CENDAS-FVM fue superior al valor de la CAN INE/INN, en una proporción de 1,7: 1, siendo el año 2013 donde se apreciaron las mayores diferencias de valor (51,9 US$ vs 194,8 US$ respectivamente; 3,7 veces mayor). Los puntos de mayor concordancia en términos de valor económico entre ambas canastas fueron los años 2017 y 2022. En el año 2023, la canasta del CENDAS – FVM, al igual que la CAN INE/INN, expresaron la superación de su umbral más alto de toda la serie (510,9 US$ y 401,3 US$ correspondientemente) (Figura 4)

Principales implicaciones para la Salud Pública

El contar con operaciones estadísticas consolidadas, estandarizadas y con un alto nivel del sentido de la oportunidad del dato, resultan fundamentales para comprender la dinámica socioeconómica de una sociedad y avanzar en la toma de decisiones necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población. En condiciones de crisis prolongadas y en aquellas de origen inesperado (de tipo natural o antrópica), las capacidades nacionales pueden resultar afectadas y/o debilitadas, esencialmente las operaciones de recolección de datos en terreno y las habilidades técnicas gerenciales vinculadas a las fragilidades institucionales locales, en función de la magnitud, severidad, duración y naturaleza de estos eventos.

Los resultados de la investigación dan cuenta de la severidad de la crisis nacional y las dificultades de los hogares venezolanos para acceder a una alimentación saludable, de manera libre, suficiente y adaptada a sus hábitos, costumbres y preferencias. El agravamiento de la actual crisis multidimensional, se ha expresado no solamente en el aumento sostenido del costo de la CAN, con mayor énfasis desde el año 2015, sino también en la pérdida o caída del poder adquisitivo del salario mínimo y del ingreso mínimo mensual. Los acontecimientos descritos en el país durante los últimos 10 años, asociados a los fenómenos de inflación / hiperinflación, escasez en la disponibilidad de alimentos, control de precios, restricciones en las modalidades de compra de alimentos, dependencia externa agravada de alimentos y materias primas, contracción de la producción primaria nacional y el deterioro de la efectividad de las redes de apoyo social y otras políticas públicas de corte social, ofrecen una marco descriptivo claro y detallado de los principales factores intervinientes sobre la situación identificada en los resultados de la serie analizada⁽¹³⁾.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 desde