LA RECUSACIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL DE LA CAPACIDAD SUBJETIVA DEL JUEZ Y DE LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD EN VENEZUELA

Abstract

El presente trabajo tiene como fin establecer de forma clara y precisa, que en nuestro ordenamiento jurídico procesal, proveniente de la Carta Fundamental, existe la posibilidad de materializar la garantía de imparcialidad y transparencia judicial. Para esto se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el alcance del derecho al juez imparcial como contenido esencial de la garantía del debido proceso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; b) Analizar la naturaleza jurídica de la recusación en el Derecho Procesal venezolano; y, c) Exponer el sentido que tiene la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho al juez imparcial y la institución de la recusación. Para ello, se formularon y plantearon las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el alcance del derecho al juez imparcial como contenido esencial de la garantía del debido proceso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la recusación en el Derecho Procesal venezolano? ¿Qué sentido tiene la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho al juez imparcial y la institución de la recusación en Venezuela? Se estructuró el presente bajo la modalidad de investigación descriptiva. Ha sido desarrollada como una investigación de tipo documental. Por último, se concluyó que: a) Pese a la particular redacción del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el contenido del artículo 26 eiusdem establece que la justicia debe ser imparcial y transparente; b) Que la recusación es una vía de control judicial atribuida a la parte para obtener una decisión sobre la causal invocada contra la cual no se previó recurso de apelación según la ley, pero que la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció la posibilidad de impugnar dicha decisión; y, c) La Sala Constitucional conforme a sus facultades interpretativas de la Constitución, dispuso sobre los artículos 26 y 49 del Texto Fundamental, completando mediante su criterio los elementos del debido proceso y señalando la necesidad de la imparcialidad del juez en la justicia transparente que ha establecido el Constituyente de 1999.