Las reformas de la administración pública en Venezuela: 1958 - 2004. Paradigmas hegemónicos de referencia y sus tensiones con la realidad nacional

Abstract

El propósito de la tesis es mostrar la incidencia que han tenido sobre las reformas de la administración pública venezolana, ocurridas entre 1958 y 2004, tres órdenes de tensiones (o conflicto de propósitos), que emergen secuencialmente asociadas a diferentes contextos político-institucionales y a distintos enfoques hegemónicos de reforma, pero que también se acumulan en sus efectos. La primera se produce entre las estrategias y propósitos basados en el paradigma burocrático, de un lado, y la demanda de management público que se plantea al Estado social, del otro. La segunda tensión se produce entre la racionalidad técnica y normativa que intentan imprimir los especialistas “reformadores”, y una racionalidad política inclinada hacia el clientelismo en amplios sectores de gobierno. Una tercera tensión resulta de una iniciativa que crea un tipo de organismo desprovisto de las restricciones burocráticas tradicionales –las misiones– pero también desprovisto de criterios de gestión y de mecanismos para el escrutinio social. El análisis se basó en documentos oficiales generados por los sucesivos organismos responsables de las reformas, en el examen de las normas jurídicas pertinentes y en la revisión de bibliografía de soporte teórico y explicativo de las reformas.Nuestra conclusión se centra en la necesidad de completar el modelo burocrático en los ámbitos que corresponde, de superar el enfoque predominantemente autorreferenciado de la reforma administrativa y de abrirla hacia una perspectiva que sostenga que un buen gobierno y una buena administración son tales en la medida que estén dotados no solo de los atributos propios del moderno management (flexibilidad y dinamismo, entre otros) para responder a un mundo cada vez más globalizado y complejo, sino también que sean responsables y transparentes, con todo lo que implica para la actualización de la democracia. Ello supone que el gobierno y la administración deben ser controlados, pero controlados también por sus resultados y, a la vez, por el ciudadano al que debe su existencia misma.