Distinción y alcance de las Categorías Jurídicas Interés Público y Orden Público en el Derecho Administrativo Venezolano.

Abstract

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental, analizar las nociones que posee la doctrina y jurisprudencia jurídica venezolana, de las categorías jurídicas “interés público” y “orden público”, para luego hacer una propuesta factible, que contribuya al mejoramiento del foro jurídico patrio. A tal efecto, se ha utilizado como metodología de trabajo la exploración y la descripción tanto en el tiempo como en el espacio. Cuatro capítulos conforman su contenido: el primero analiza el modelo conceptual referencial del tema, incluyendo, la concepción sociopolítica, el rol de la Administración Pública y el concepto de “lo público”. El segundo, profundiza sobre las nociones de la doctrina en relación a dichas categorías. El tercero, analiza la concepción de la jurisprudencia en relación a dichos términos. Y el cuarto, elabora una síntesis del contenido de los tres primeros capítulos, presenta las conclusiones y hace una propuesta. Como aspectos relevantes del estudio, destacan: la importancia de dichas nociones en razón de que efectivamente contribuyen a frenar el autoritarismo y la arbitrariedad del Poder Público, legitiman la participación del Estado en los asuntos públicos y refuerzan la ideología de lo social como motor de la acción y la reflexión hacia lo colectivo. Para la doctrina el “interés público” es la constante del servicio público y el “orden público” es el protector de las instituciones sociales, la paz social y el imperio de la ley. Se resalta el hecho de que como categorías dinámicas y flexibles, ambas se resisten a ser definidas en forma permanente, pero llama la atención el peligro que acarrea para la libertad personal el intentar homologar ambas nociones. La jurisprudencia, por su parte, se manifiesta pacífica con los criterios que al respecto sustenta la doctrina pero, en materia de “interés público” enfatiza que, éste se refiere a servicio público, función exclusiva del Estado, mientras que cuando dicho servicio puede ser compartido con particulares, lo apropiado es referirse a servicio de utilidad pública. Recomienda, igualmente, la jurisprudencia que, como tal materia carece de una teoría, debería la noción vincularse directamente con principios que rigen el proceso civil. Entre sus conclusiones, la investigación destaca: la necesidad de asumir posiciones dialécticas y de avanzada, debido a lo difícil que resulta configurar una teoría permanente, sobre las categorías jurídicas analizadas. Se reconoce, por otra parte, el rol que en esta realidad juega el Estado, como ente aglutinador de la diversidad, complejidad y promotor del bienestar social de la población. Se hace énfasis en la búsqueda de iniciativas innovadoras e incluyentes, que garanticen la participación colectiva, donde las categorías jurídicas en referencia, tienen suprema prioridad Finalmente se presenta una propuesta conformada por cinco puntos considerados de obligante atención: el reconocimiento del alto valor jurídico que tienen las categorías en referencia, como medios para frenar el autoritarismo y la arbitrariedad del Estado. La necesidad de compensar la limitante de la carencia de una teoría definida en la materia, con la convicción de su permanente estudio e investigación. El no olvidar que es la satisfacción del “interés general”, lo que las homologa, pero sin perder de vista que, de las dos categorías, corresponde al “orden público”, en particular, exigirle a la Administración, tener autorización expresa de la ley para poder afectar la esfera jurídica del particular.